Sostenibilidad desde el territorio: Energía con rostro humano y decisiones con raíz

Sostenibilidad desde el territorio: Energía con rostro humano y decisiones con raíz

Por: Víctor Manuel De Luque Vidal 

En el Caribe colombiano, hablar de sostenibilidad sin comprender la complejidad del territorio es como diseñar soluciones sin suelo fértil: las iniciativas no prosperan. La instalación del Comité de Sostenibilidad de Air-e no representa únicamente el cumplimiento de una política corporativa; es la implementación de una gobernanza transformadora que reconoce que la sostenibilidad real no se decreta desde los escritorios, sino que se construye con los pies en la tierra, con datos confiables y con escucha activa a las comunidades.

En una región donde la radiación solar es abundante pero las condiciones estructurales impiden que se traduzca en bienestar equitativo, la sostenibilidad energética debe abordar las profundas asimetrías de acceso y uso. Según el Departamento Nacional de Planeación, el Índice de Pobreza Energética (IPE) en Colombia alcanza el 32%, y en zonas como La Guajira y Magdalena, esta cifra se incrementa considerablemente al considerar factores como la calidad del servicio, la asequibilidad y la continuidad. Esto implica que más de 5 millones de personas carecen de acceso efectivo, confiable y digno a la energía, lo cual impacta directamente sus condiciones de salud, educación, productividad y bienestar.

Este escenario exige un enfoque de sostenibilidad centrado en la equidad. No se trata solo de reducir emisiones o cumplir metas globales, sino de hacernos preguntas estructurales con consecuencias humanas:

¿Cómo garantizamos que una madre pueda conservar los alimentos de sus hijos?

¿Que un joven en zona rural pueda estudiar de noche con energía confiable?

¿Que los adultos mayores puedan sobrellevar temperaturas extremas sin poner en riesgo su salud?

¿Cómo promovemos una cultura de pago justa y sostenible, en territorios donde históricamente el servicio fue deficiente o inaccesible?

¿Cómo reducimos las pérdidas y el hurto de energía sin criminalizar la pobreza, pero sin normalizar la ilegalidad?

¿Qué mecanismos de corresponsabilidad pueden conectar el deber del usuario con el compromiso de la empresa de mejorar el servicio?

La sostenibilidad que impulsamos desde este Comité se sustenta en criterios de materialidad contextualizada, construidos de forma participativa con nuestros grupos de interés: comunidades indígenas y afrodescendientes, trabajadores, autoridades locales, liderazgos comunitarios, empresas contratistas, aliados, gestores del territorio, entre otros. Son ellos quienes orientan lo que verdaderamente importa. No es una matriz impuesta, sino una hoja de ruta cocreada, en la que la palabra “relevante” se traducr en impacto medible, legítimo y útil.

En este marco, principios técnicos como la confiabilidad y la prudencia adquieren un sentido ampliado. Confiabilidad no es solo estabilidad en los indicadores de red, es garantía de continuidad para la vida cotidiana de las personas. Prudencia no es inmovilismo: es anticipación estratégica, es actuar con responsabilidad frente a los riesgos socioambientales y reputacionales, y es reconocer que en la gestión sostenible de la energía, no hay decisiones neutras.

Todo esto debe estar mediado por una transparencia radical, no como postura defensiva, sino como pilar de legitimidad y mecanismo de mejora continua. La sostenibilidad sin transparencia se vuelve ornamental. Con transparencia, en cambio, construimos confianza institucional, habilitamos la corresponsabilidad ciudadana y aseguramos que los procesos puedan ser auditados desde lo ético, lo técnico y lo comunitario.

De igual forma, de cara a una transición energética justa, debemos evitar el sesgo tecnocrático. No basta con migrar a fuentes renovables: debemos garantizar que dicha transición no reproduzca ni profundice las desigualdades existentes. Esto implica invertir en capacidades locales, generar empleo verde, facilitar la apropiación comunitaria de las tecnologías y asegurar que las soluciones energéticas respondan a las necesidades reales de los territorios.

En este sentido, la democratización de los servicios públicos y de la energía es un imperativo. No podemos seguir viendo al usuario únicamente como un consumidor. Es un ciudadano con derecho a participar en las decisiones que afectan su vida. Nuestro desafío es convertir el acceso a la energía en un habilitador de desarrollo humano integral, en un instrumento de cohesión social y en un factor de equidad territorial.

Desde Air-e Intervenida, reafirmamos nuestra convicción de que cada acción institucional debe tener rostro, debe tener evidencia, y debe tener arraigo. Que los mapas de calor no solo midan el consumo, sino la esperanza. Que los reportes de sostenibilidad incluyan un capítulo ético que nos pregunte: ¿a quién estamos tocando la vida, cómo y para qué?

La sostenibilidad que promovemos no es un ejercicio cosmético ni una estrategia de marca. Es una ética pública aplicada al sector eléctrico. Es el arte de conciliar eficiencia técnica con justicia social. Es una narrativa institucional que se escribe desde la escucha activa, el diálogo multiactor y la implementación territorial.

Como el viento del Caribe, nuestra sostenibilidad no es silenciosa ni superficial. Es persistente, es colectiva, y busca dejar una huella duradera. Una huella que conecte la energía con la dignidad, los datos con las decisiones, y las decisiones con la vida de quienes más nos necesitan.